Cualquier Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local, tiene la obligación de sufragar los daños o perjuicios ocasionados a un tercero por un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de su competencia.

Por ejemplo, este despacho ha gestionado a favor de sus clientes, tanto en vía administrativa como en contencioso administrativa, reclamaciones originadas por:

• Accidentes provocados por falta de señalización y advertencia de un peligro.
• Caídas de peatones en la vía pública.
• Accidentes en instalaciones deportivas municipales.
• Accidentes de vehículos, por mal estado de las carreteras, ante la falta de un adecuado mantenimiento y conservación.
• Otros sucesos.